La «huelga» protagonizada por los trabajadores de Iberia en el aeropuerto de Barcelona era ilegal. Ni se solicitaron autorizaciones, ni hubo plazos para fijar servicios mínimos ni se sabía nada hasta que el paro se produjo. Los trabajadores tendrán que asumir sus responsabilidades, pese a que no exista una ley de huelga. Hasta ahora, y pese a que ha habido varios intentos tanto con el PSOE como con el PP, nadie se ha atrevido a sacar adelante una ley que prevenga y regule este tipo de situaciones.
Una vez más, como cada vez que ocurre una protesta similar, se produce un clamor general para que se apruebe una ley de huelga. Pero el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en seguida salió al paso de las peticiones de la patronal catalana o del propio responsable del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, para asegurar que la huelga mantenida por los trabajadores del Prat el pasado 28 de de julio «no tiene nada que ver con la necesidad de una nueva legislación que regule las huelgas». Además, recordó que el Gobierno no tiene prevista una modificación de la actual normativa porque no se incluía en el programa electoral del PSOE.
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