El Convenio de Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción, ratificado por España y otros cuarenta países, entró ayer en vigor y obligará a una reforma 'profunda' del código penal. Así lo indicaron miembros del capítulo español de Transparencia Internacional, una de las organizaciones que pidió al Gobierno español que ratificase este tratado, ahora pendiente de aprobación por el Congreso de los Diputados después de que el Consejo de Ministros diese este mes su visto bueno.
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