La corrupción erosiona los sistemas judiciales, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o a veces, simplemente a tener un juicio, según el Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales, cuya edición en español fue lanzada hoy por Transparency International (TI), la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción.
“A fines de garantizar los derechos de todos y no sólo de los privilegiados por dinero o conexiones, la reforma judicial debería ser prioridad para los gobernantes que verdaderamente buscan disminuir la desigualdad y pobreza que azota a casi el 40 por ciento de la población en América Latina”, dijo Silke Pfeiffer, Directora para las Américas de Transparency International.
El Informe pone de manifiesto que la interferencia política sigue siendo un grave problema en la región y que en algunos países el Poder Ejecutivo ejerce poder discrecional sobre el nombramiento o promoción de jueces o que éstos reciben instrucciones para que un juicio se resuelva de determinada manera.
“Debemos contar con un Poder Judicial fuerte, independiente, inamovible, científicamente solvente y con rigurosas normas de calidad internas y externas”, declara el magistrado español Baltasar Garzón Real en su prólogo del Informe. “Son muchos los países en que los jueces son meros apéndices del Poder Ejecutivo”.
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