Las legiones de fans que en julio acudían en masa a las tiendas para adquirir el iPhone 3G por 200 dólares probablemente no pensaron mucho en el destino del aparato cuando se convierta en una pieza inútil. Apple, por el contrario, está preocupada por eso. Presionada por unas normas mundiales de anticontaminación más severas, la amenaza de demandas por daños medioambientales ante los tribunales y una mayor concienciación en lo referente a la responsabilidad social corporativa, Apple y otras empresas de tecnología se apresuran a colocar un sello “verde” de aprobación medioambiental en sus operaciones y productos.
Es fácil entender por qué. Basta pensar en la electricidad utilizada para poner en funcionamiento los centros de datos (además de mantenerlos refrigerados), las enormes cantidades de agua y sustancias químicas tóxicas utilizadas para la fabricación de componentes y la montaña de componentes electrónicos desechados todos los años por consumidores y empresas.
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