La Administración Pública es, fundamentalmente, una organización de
personas que gestionan bienes públicos o colectivos. Por tanto, los funcionarios
públicos realizan una tarea de servicio público, es decir, destinada
al interés general. De ahí que, en la función pública, las consideraciones
éticas o deontológicas constituyan algo esencial de su propio servicio.
Los códigos de deontología o buena conducta para los funcionarios públicos
no son algo nuevo. Desde el principio de las civilizaciones se ha juzgado
necesario establecer códigos de buena conducta referidos a los funcionarios
públicos. Lo que llama la atención de todas estas normas es la coincidencia
en su contenido, lo que nos permite hablar verdaderamente de normas
universales de una ética pública. No obstante, en los tiempos modernos,
estas deben replantearse conforme a las distintas culturas y estructuras
administrativas de los distintos Estados donde aquellas se apliquen.
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