La corrupción es un grave problema económico, social, político y moral, especialmente en muchos países emergentes. Afecta sobre todo a las empresas, especialmente en sus transacciones internacionales. Los efectos económicos son ya conocidos: menor eficiencia, crecimiento y nivel de vida, desaliento de la inversión, mayor gasto público y menor eficacia del sistema impositivo, redistribución injusta de la renta... Por no hablar de la huella que deja en la sociedad: deslegitima el imperio de la ley y la democracia, atenta contra el buen gobierno de los países, sus administraciones y empresas o contra algunos Derechos Humanos fundamentales. Además, la corrupción suele extenderse, pasando de una oficina a otra y de un país a otro, hasta ampliar su campo de acción hacia la delincuencia organizada, la mafia y el blanqueo de dinero.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción nació con el objetivo de frenar todo este tipo de prácticas. Se inscribe en el marco de un conjunto de iniciativas que se concretaron el año 2003, con la firma de un texto que entró en vigor en diciembre de 2005. Es el primer instrumento realmente global para prevenir y luchar contra la corrupción, aunque de hecho las Naciones Unidas lleva décadas trabajando en este campo.
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