La actualidad política viene marcada últimamente por las secuelas mediáticas y políticas de una corrupción urbanística que, por desgracia, ya no es sólo patrimonio de los grandes ayuntamientos. A una escala inferior, no faltan tampoco los ejemplos de pequeñas corporaciones locales que ha duplicado en pocos años el número de vecinos o ampliado sin mesura alguna el suelo urbanizado de su término municipal.
La pregunta que cabe hacerse por tanto tiene que ver con la legitimación de estos entes locales para disponer de su territorio, como fórmula mágica para un progreso social y económico claramente insostenible. Porque es evidente que la multiplicación de este esquema de funcionamiento conduciría sin duda a un deterioro del medio ambiente, seguramente irreversible para las generaciones futuras. Parece muy cruda esta última afirmación, pero mientras el cambio climático se podría superar con la contención y disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la expansión de un urbanismo irracional no tiene un mecanismo de restauración ecológica sencillo. La sola idea de derribar una construcción ilegal provoca un impacto social considerable, y desde el punto de vista de los poderes públicos pocos quieren asumir el coste político que implica. Visto así, el daño ambiental queda consolidado hasta el fin de los tiempos.
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