
“La gobernanza descansa en la premisa de que los que realizan el trabajo público deben rendir cuentas a través de medios tales como criterios de desempeño transparencia, competencia” (Dan Guttman)
En la participación anterior comentamos que a partir del reconocimiento del Derecho a la Información se llegó a la obligación, por parte del Estado, de informar veraz y oportunamente.
Sin embargo, asegurar el ejercicio de este derecho nos llevó casi diez años. Pues crear las condiciones y los mecanismos que lo garantizan implica un reordenamiento de procesos, una valoración de las afectaciones a terceros, la clasificación de la información, los mecanismos e instancias de acceso, la redefinición de procesos y la necesidad de establecer sanciones a los funcionarios y obligaciones también por parte de los ciudadanos. De hecho, todos estos son aspectos que aún hoy nos llevan a profundas reflexiones, argumentos y deliberaciones.
En 2002 se aprueba la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en una histórica unanimidad dentro del Congreso de la Unión, en la que participaron organizaciones no gubernamentales, medios de difusión y un grupo de intelectuales y políticos denominado Grupo Oaxaca.
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