Las últimas modificaciones legislativas enlazan con la ética como ingrediente fundamental de una buena gestión
La crisis económica que asola el escenario económico e institucional lo ha dejado claro. Las corruptelas son el principal enemigo de la reputación corporativa, los verdugos de la supervivencia empresarial. La corrupción empresarial, las malas prácticas que durante décadas jalonaron el gobierno corporativo de las compañías y dieron lugar a escándalos como los de Enron o Merrill Lynch se han convertido en uno de los primeros enemigos a eliminar en un modelo productivo en el que los stakeholders demandan y exigen transparencia y responsabilidad social. No han sido escasos los esfuerzos gubernamentales e institucionales que hasta la fecha se han orientado a paliar las malas prácticas y evitar las corruptelas. Ya en 1999, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) penaba la corrupción y el Pacto Global de Naciones Unidas la oficializaba como “tema” a vigilar en la empresa privada en 2004, agregando la lucha contra las malas prácticas como principio número diez de su Código de Responsabilidad Empresarial. Sin embargo, han de ser la férrea supervisión por parte de las compañías, la aplicación de los principios de la RSC, la transparencia y la comunicación veraz con los stakeholders los principales baremos anti-corrupción.
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