Si realizásemos una encuesta entre los consejeros de las principales empresas españolas y les hiciésemos la siguiente pregunta: “¿Hay que perseguir e investigar el fraude cometido por el personal directivo hasta sus últimas consecuencias?”, la respuesta, en la gran mayoría, sería afirmativa, incluso sin paliativos. Seguramente, si a continuación le dijésemos que un correo electrónico anónimo acusa a uno de sus directivos de una conducta defraudatoria, su cara sería otra, y su respuesta, seguramente, no tan rápida y segura.
Lógicamente, el principio está claro, pero su aplicación, como tantas cosas en la vida, no es sencilla. En primer lugar, porque dependiendo de en qué mercados se opere y de en qué otros se cotice, una noticia de este calado puede tener graves consecuencias para la compañía. En segundo lugar, porque no es igual que alguien esté defraudando, a que Juan, Director de Compras, conocedor de la compañía a la perfección y con diez años de pertenencia a la misma, compañero de golf los sábados por la tarde, esté comprando a una empresa suya a nombre de un testaferro a precios fuera de mercado.
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